El Gobierno Contraataca

EL GOBIERNO CONTRAATACA

Alan García frente al unánime respaldo al Levantamiento Indíगेना

Durante la tarde del jueves 11, los Comités de Lucha Indígena y los Frentes de Defensa no se podían creer el rotundo éxito que los Paros Regionales estaban teniendo en todo el país। Las noticias que llegaban durante eran confusas, pero todas transmitían euforia. Sin embargo, las mayores sorpresas las daba la prensa nacional la mañana del 12, el día después, y venían de la costa y la sierra. No sólo las Regiones Amazónicas habían parado al cien por cien, todo el Perú, desde Piura a Arequipa, Lima, de Cuzco a Loreto, se había levantado en solidaridad de los Pueblos Indígenas. Nunca antes se ha visto unión semejante entre las tres culturas que conforman el Perú multiétnico: costa, sierra y selva. En las ciudades amazónicas, blancos, mestizos e indígenas unieron su voz para dejar bien claro que la selva no se vende.

Pero la alegría dura poco en la casa del pobre, y eso lo sabe bien el pueblo peruano. No es nada fácil una solución negociada al conflicto, sobre todo, porque Alan sabe que ya ha perdido, que los Decretos son inconstitucionales, que empiezan a conocerse en el país y en Europa las reivindicaciones legítimas de los Pueblos Indígenas y, lo que es peor, empiezan a comprenderse. Y sabe lo que ha sucedido en Bagua, y que ese crimen no prescribe. Pensar que Alan iba a rectificar en lo más mínimo, era una ingenuidad. En Europa todavía no saben bien por qué es Caballo Loco.

Y es que frente a las reivindiciones indígenas y al momento de reflexión en que se encuentran los Comités de Lucha y los Frentes de Defensa, Alan García se ha precipitado y está radicalizando el conflicto con las medidas de urgencia que ha tomado en estos días posteriores al Paro:

• Lejos de levantar el Estado de Emergencia de Amazonas, lo ha extendido a Datem del Marañón y Alto Amazonas, y ha endurecido el toque de queda. El sacerdote Nilson Chávez de la Parroquia
• de Santiago Apóstol de Bagua ha anunciado la suspensión indefinida de los oficios religiosos.
  
• En lugar de reconocer a AIDESEP como legítima representante de los Pueblos Indígenas, Presidencia del Consejo de Ministros constituye por Resolución Suprema el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al que en principio no está invitada AIDESEP y que supone la ruptura de diálogo y una provocación.
  

El hostigamiento contra la población indígena y los/as dirigentes, muy al contrario de suavizarse, se ha recrudecido:

• El Gobierno niega el salvoconducto que permitiría el traslado de Alberto Pizango al aeropuerto Jorge Chávez para su viaje a Nicaragua como asilado político. El líder de AIDESEP sigue refugiado en la Embajada nicaragüense en Lima.
  
• El Gobierno ha denunciado a otros cuatro dirigentes indígenas de AIDESEP ante los juzgados de Lima (Marcial Mudarra, Saúl Puerta, Servando Puerta y Teresita Antazu) por los cargos de apología de sedición y motín.
  
• Tal como adelantábamos ayer tras el conocimiento de testimonios de testigos en la zona, hoy Radio Voz de la Selva informa de la incursión de las Fuerzas Armadas en las comunidades indígenas de las Provincias de Datem del Marañón y Alto Amazonas y cita un documento remitido a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto y ésta, a la Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud, obtenido en exclusiva por radio Oriente de Yurimaguas, en el que, además de los datos sobre las incursiones, se informa de que al menos 12 comunidades del Río Potro, 5 comunidades del Río Morona y 3 comunidades de la carretera Manseriche-Bagua, han sido abandonadas por la población que se ha refugiado en los montes. El documento remitido por monitores/as del MINSA a sus superiores/as en Lima informa de que “aproximadamente mil pobladores (hombres, mujeres, niños) se encuentran en condición de huidos, refugiados en el monte en condiciones lamentables, expuestos a las inclemencias del tiempo, mordeduras de víbora y casi sin alimentos”.
  
• Pese al compromiso dado por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, a un grupo de directivos/as de AIDESEP en el que se encontraba Daysi Zapata, el día 12 de junio, de investigar “con total autonomía y de acuerdo a la Ley” la Masacre de Bagua, todavía no se ha iniciado investigación alguna.
  
• Lejos del ánimo de informar vera e independientemente, el Gobierno y la la Triple Alianza (como denomina el diario limeño “La Primera” al pacto alcanzado entre apristas, fujimoristas y extrema derecha) no han cesado ni un solo día en amenazar a la prensa internacional e informadores/as extranjeros/as, así como a las organizaciones de cooperación y desarrollo por la información que están remitiendo a Europa. Al respecto, el diario de Lima “La República” informa que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso procederá al estudio de la modificación de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para restringir las actividades de ONG´s que promuevan la alteración del orden público en el país. A la vez, el Gobierno ha ordenado la inspección fiscal de AIDESEP y la publicación de las fuentes de financiamiento. Ya desde inicios de 1998 las oficinas de AIDESP han venido siendo inspeccionadas por las Administraciones del Estado en una persecución vana e inútil, pues no se han encontrado irregularidades de ningún tipo.
  
• En lo que respecta a la información nacional, el viernes 12, el Ministerio de Transportes y Comunicación emitió una Resolución ordenando la cancelación de la licencia de Radio La Voz de Bagua, argumentando que la emisora no había presentado a tiempo cierta documentación administrativa, acusación que ha sido documentalmente desmentida por los propietarios de la emisora. La Coordinadora de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú-Filial Utcubamba, han denunciado el cierre. El Gobierno acusa a la emisora de “haber fomentado el motín entre las fuerzas del orden y las poblaciones nativas de la Región Amazonas”.
  
• Juan José Quispe, miembro del equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), denuncia las trabas que el Gobierno y la Policía están poniendo para el recuento e identificación de los/as desaparecidos/as. APRODEH informa que hasta el momento, hay una cifra de posibles 61 desaparecidos, 250 retornados/as a sus comunidades, y 726 pobladores/as están refugiados/as en la Casa Pastoral Santiago Apóstol en Bagua Grande. No obstante, APRODEH es prudente con las cifras: “Hay personas trasladadas o intervenidas y uno no sabe dónde están, pero estrictamente no es desaparición. Ese es el problema, por eso hasta el momento nadie se atreve a denunciar mientras no se tenga certezas. Quizás estén ocultos, refugiados o el Estado los tenga incomunicados, pero mientras no se confirme no se puede emitir cifras oficiales”.
  
• Para finalizar, en declaraciones a los medios el día 12 de junio, Alan García manifestó que se había “perpetrado un acto de genocidio de policías”, y que si algo ha aprendido el Gobierno de la Masacre de Bagua es que “ante esta amarga experiencia, de haber creído que las cosas serían fáciles, de ahora en adelante la policía tendrá que poner mano más dura”.

¿Hay todavía alguien que se pregunte el porqué de Caballo Loco?

Morgan Agustí
Iquitos, 15 de junio de 2009; 14.45 hrs.